El avance de resultados del ‘Barómetro de Diciembre’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de 2.466 encuestas, muestra que el 82,7% de los españoles considera que los servicios socio sanitarios que se proporcionan a las personas con discapacidad en nuestro país son ‘insuficientes’ o ‘totalmente insuficientes’. Una calificación que, asimismo, también aplica hasta un 81% de la ciudadanía con respecto a las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las Administraciones conceden a las personas con discapacidad y sus familias.
Además, la mayoría de los españoles piensa que su pueblo o su ciudad están mal preparados para las personas con algún tipo de discapacidad en cuanto a la existencia de rampas de acceso para sillas de ruedas, semáforos con sonido para ciegos, áreas sin obstáculos ni socavones y viviendas con rampas o accesos fáciles. Las personas con algún tipo de discapacidad tampoco tienen fácil, según los españoles, el acceso a los transportes públicos, a hoteles y restaurantes, a lugares donde hacer deporte o a cines, teatros y museos.
En general, casi la mitad de los españoles asegura sentirse muy cómoda o bastante cómoda en presencia de personas con alguna discapacidad, mientras el 42,8% reconoce sentirse bastante o muy incómoda.
UNICEF ha presentado recientemente la publicación “Estudio sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España”, que hace especial hincapié en cuáles son los principales problemas que afrontan, entre los que destacan tres aspectos fundamentales que afectan a la parálisis cerebral: la inexistencia de un sistema de atención temprana, la igualmente carestía de una política de apoyo a las familias con niño con discapacidad, y por último, la imposibilidad de que los niños y niñas con discapacidad puedan ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones sobre aquello que les afecta directamente.
El estudio señala que “ha habido sin duda avances importantes en el cumplimiento de los derechos de la infancia con discapacidad y en la construcción de una sociedad inclusiva”, especialmente desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, se enfatiza el “largo camino por recorrer”.
En la sociedad española existen muchas barreras para que los niños y las niñas con discapacidad sean siquiera oídos a la hora de la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que les afectan directamente. Sin embargo, “los niños y las niñas con discapacidad no sólo tienen derecho a que se les escuche, tienen derecho a participar, y en ese campo estamos mucho más lejos todavía de destruir las barreras existentes y establecer los medios y proporcionar la asistencia necesaria para que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercitar ese derecho de acuerdo con su edad y capacidad”.
“Esas barreras seguramente”, señala el estudio, “responde a un problema previo, que hunde sus raíces en una concepción proteccionista sobre el niño y la niña con discapacidad, que le percibe como alguien a quien su incapacidad e indefensión le hace merecedor de una especial y constante protección, una concepción que la Convención sobre los Derechos del Niño ha hecho que se empiece a superar”.
A este respecto, el texto indica que “una importante consecuencia de ello es la invisibilidad del propio problema, lo que, evidentemente, hace que éste sea más profundo, pues su no percepción como tal problema hace que no sea identificado”.
ATENCIÓN TEMPRANA
El documento de UNICEF apunta que, debido a la importancia vital de la atención temprana para las personas con discapacidad, “resulta necesario exigir que se articule como un derecho universal y gratuito para todos los niños y las niñas de 0 a 6 años 6”, sin embargo, sentencia, este sistema “no existe en España, donde son las Comunidades Autónomas las que pueden proporcionar dicha atención temprana conforme a su disponibilidad presupuestaria”.
Esto provoca, a ojos del estudio, una “falta de pronta identificación de los niños con discapacidad”, así como una “falta de intervención de las familias y de apoyo prestado con conocimiento de causa a los niños con discapacidad, lo que pone en peligro su pleno desarrollo…”.
LA NECESIDAD DE UN MAYOR Y MEJOR APOYO A LAS FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
En España no existe una política concreta y coherente de apoyo “para familias con niños con discapacidad”, y la existente es “dispersa e inadecuada”. Además, señala el informe, “hay una ausencia general de apoyo a las familias que necesitan información y guía sobre sus derechos, procedimientos, autoridades competentes y acceso a ayuda financiera y humana que las permita hacer frente a sus vidas cotidianas”.
Además, como se indica en el texto, esta situación va a peor: “con la crisis económica se han hecho recortes en las ayudas económicas a las familias de los niños con discapacidad, reduciéndose o incluso eliminándose”.
Por último, señala que “habría que explorar alternativas diferentes a los tradicionales centros de residencia”, pues, añade, “el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todas las personas con discapacidad han de tener ‘la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico’, así como el ‘acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta’”.
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